Amenazan y presionan al fiscal Daniel Turraca
Presionan y amenazan al fiscal especial penal de Derechos Humanos, Daniel Turraca. Esto ocurre porque ordenó la detención de policías acusados de ser violentos en comisarías. Esta grave situación trascendió la semana pasada y se conoció a través de unos pocos medios de comunicación a partir del lunes pasado.
Lo ocurrido fue de notable gravedad institucional. Sin embargo, Turraca no recibió ningún apoyo ni acompañamiento institucional. Si ocurre lo contrario, la opinión pública no lo supo. Guardaron un sonoro y sospechoso silencio la Procuración General del poder judicial, los miembros del Superior Tribunal de Justicia y la Asociación de Magistrados de Chaco, que ante situaciones menores han salido públicamente a fijar posición y a defender lo que llaman la independencia de la justicia chaqueña y la necesidad de que jueces y fiscales trabajen libres de presiones, condicionamientos y amenazas, circunstancia que en muchos casos fueron imaginarias especialmente cuando se arrestan a agentes y funcionarios públicos por corrupción o violencia.
A contrario del inexplicable silencio institucional, además de las amenazas, fue intensa la presión que ejercieron funcionarios públicos que conducen los ministerios de Seguridad y Gobierno, lo que pone en evidencia que la tan mentanda independencia de poderes no es tal y que el sistema de división de funciones atraviesa una profunda crisis, a propósito de las acciones y gestiones que interna y externamente ha permitido y logrado que el Poder Judicial sea cada vez más dependiente del Ejecutivo, especialmente en el funcionamiento diario de la justicia penal, que por acumulación produjo que “la justicia” haya perdido porciones importantes de independencia, neutralidad, transparencia y eficiencia, transformándose en instrumento de impunidad selectiva.
El disparador de las amenazas y los silencios
El fiscal Turraca dispuso la detención de tres policías acusados como co-autores del delito de torturas que habrían aplicado a un preso en la comisaría sexta. Los cabos de policía Pedro Raúl Baigorria y Pedro Darío Barrios, y el oficial auxiliar José Francisco Del Río fueron denunciados por haber aplicado uno de los tormentos conocidos como “submarino seco”, colocando una bolsa de nylon en la cabeza a Jonathan David Esquivel para que no respire.
Diferente escenario se formó en torno a la detención de cuatro policías de la comisaría de La Leonesa que fueron acusados por ser apremios ilegales y privación ilegítima de la libertad que damnificó a un poblador de aquella localidad. Esta semana el fiscal Turraca indagó al oficial principal Darío Caballero, al sargento Héctor Adrián Yegros y a los agentes Diego Miguel Galo y Carlos Alejandro Godoy. No se conoció que el Fiscal recibiera amenazas y presiones, aunque un intendente estuvo gestionando en favor de los policías.
Si algo faltaba para poner en evidencia la degradación del poder judicial, se sumaron las excarcelaciones que favorecieron a los tres policías aunque se sabe que cuando se investigan delitos que se sancionan con penas elevadas, como son los de tormentos, los imputados quedan sometidos a prisión preventiva durante el juicio y no pueden ser excarcelados. El precedente indiscutible, con el que se puede o no estar de acuerdo, quedó sentado en la Sentencia N° 26 del año 2015, dictada por la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, integrada por Rolando Ignacio Toledo (presidente) e Iride Isabel María Grillo (vocal) en la causa “Ortiz Ramón S/ Homicidio”, Expte N°1-21623/14.
Amenazas y presiones en libertad
No regatearon las más variadas formas para presionar, condicionar y amenazar al fiscal Turraca, incluso con mensajes que fueron verdaderos ladridos que impunemente se divulgaron por las redes sociales. Pareciera que ningún fiscal penal tomó nota de lo que sucedía y no se dispuso a investigar estos hechos tan graves.
Sobresale que el Procurador General del poder legislativo, Jorge Canteros, no haya transmitido la posición institucional de ese órgano estratégico, que dirige y que hace que sea el jefe de todos los fiscales de Chaco. Así fue planteado por el CENTRO MANDELA el pasado lunes 18. Hasta el cierre de esta nota Canteros no dio señales en el sentido esperado, que por otra parte es su obligación institucional.
Por lo tanto, llama poderosamente la atención que el Procurador General no se haya manifestado en conferencia de prensa sobre la grave situación que atraviesa el fiscal Turraca, siendo tan proclive a convocar a los periodistas para transmitir cuestiones menores o de poca importancia institucional, política y social. Parece que no asumen que cuando se guarda silencio se fortalecen los que amenazan y las presiones, lo que hace que la opinión pública y la memoria colectiva se conforme con la idea de que la impunidad es la regla, y que se puede amenazar y presionar libremente a cualquier persona, con lo cual todo vale.